El PP defiende el interés “de los ciudadanos”
Sansón en el Tribunal
La recusación de otros tres magistrados del Tribunal Constitucional, anunciada ayer por el PP en respuesta a la previa de otros dos por el Gobierno, no tiene otro objetivo que el de Sansón en el templo lleno de filisteos: derribarlo si no puede controlarlo; o mejor dicho: derribarlo para intentar recobrar el control.
La recusación personal es un procedimiento extremo, excepcional, a manejar con mucha prudencia. Partiendo de la de Pérez Tremps, ya muy discutible, y con evidente motivación política, se ha ido produciendo una banalización creciente de ese recurso, hasta llegar al absurdo de la de estos tres magistrados, sin otro fundamento que una supuesta opinión verbal favorable a la reforma de la ley del TC en una reunión -no en pleno- de algunos magistrados con la presidenta.
La recusación de esos tres magistrados, si es admitida a trámite, dejaría al Tribunal por debajo del quórum mínimo, que es de ocho miembros. Es decir, quedaría paralizado, inutilizado, para resolver su propio recurso contra la prórroga del mandato de la presidenta y del vicepresidente hasta cesar como magistrados. Pero es posible que el PP haya calculado mal las consecuencias de este último movimiento. El estudio simultáneo de las cinco recusaciones es un imposible lógico, ya que al tener que ausentarse de la votación que les afecta sólo quedarían cinco, es decir, por debajo del quórum.
Lo lógico sería que se vieran primero las dos recusaciones presentadas por el Gobierno y que fuera ese tribunal de ocho miembros el que estudiara si aceptar o no las tres posteriores, que tendrían escasísimas posibilidades de prosperar, en este caso no sólo por la relación de fuerzas sino por falta de fundamento, dada la artificiosidad del motivo alegado. Así, la situación creada podría acabar favoreciendo al Gobierno como propulsor de la reforma de la ley del TC.
Desmontar la maniobra del PP, que lleva tres años intentando potenciar el papel político de los magistrados, sería bueno en sí mismo, pero no evitaría el desprestigio que están acumulando el Tribunal y el sistema judicial en su conjunto. Porque es todo el entramado institucional el que puede resquebrajarse. Si el TC está en riesgo, el Consejo del Poder Judicial está moribundo, al menos hasta que al PP le interese reanimarlo.
El Gobierno y el PSOE, de un lado, y el PP, de otro, deben parar en seco esta rueda de insensateces; tal vez el bloqueo que parece estar a punto de producirse obligue a unos y otros a buscar una salida, como regresar al punto de partida: a la retirada o reconsideración de todas las recusaciones y la vuelta a la normalidad de un tribunal integrado por sus 12 magistrados; y que entre todos acuerden no dilatar más la resolución de los importantes recursos que tienen entre manos, empezando por la reforma del propio Tribunal, con independencia de que convenga a unos o a otros: y, claro está, con criterios exclusivamente jurídicos.
La Ley de Dependencia se atasca entre el Gobierno y las autonomías
El Gobierno y las comunidades se culpan del retraso que sufre la Ley de Dependencia, en vigor desde el 1 de enero y que prevé la atención a las personas dependientes. Este año estaba previsto dar cobertura a los grandes dependientes, los que no pueden atender las funciones básicas de la vida.
Ni sindicatos ni empresarios tienen constancia de que se reciban las ayudas
El Gobierno considera que ya ha cumplido e insta a las comunidades a hacer su parte. "Deben implicarse con diligencia y cooperación", dijo ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega en el congreso de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. En esta tarea, añadió, no sirven "ni ambigüedades, ni demoras, ni estrategias partidistas".
El presidente de esta asociación empresarial, José Alberto Echevarría García, dijo ayer que no le consta que nadie haya recibido prestación alguna acorde a la Ley de Dependencia. "No significa que no estén atendidos, pero lo están como lo estaban antes". Tampoco los sindicatos tienen constancia de que se esté atendiendo a la gente.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales considera que en España están siendo atendidas acorde a la Ley de Dependencia 100.315 personas. Eso, dicen, según los datos que se reciben de las comunidades, porque el Gobierno central sólo se responsabilizan de Ceuta y Melilla, que están bajo su gestión directa. En esas ciudades había a 30 de septiembre 664 personas valoradas como grandes dependientes y atendidas. De ellas, han recibido alguno de los servicios que prevé la ley 633. El resto reciben la compensación económica para el cuidador familiar.
El Gobierno se niega a facilitar los datos desglosados del resto de las comunidades autónomas. Asegura que se harán públicos "en algún momento", pero que por "lealtad institucional" no los puede facilitar por ahora. Simplemente hablan de 100.315 personas atendidas y explican que han librado una partida de 220 millones de euros en virtud de los proyectos de inversión presentados por las comunidades. Todas lo han hecho, salvo Madrid y Murcia, acusan en el ministerio. La Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias están en trámites avanzados, admiten.
También aseguran que las comunidades reciben 170 o 250 euros al mes (dependiendo del grado de discapacidad) por cada gran dependiente atendido, pero no accedieron a informar sobre cuánto le ha correspondido a cada una. La mayoría de las comunidades del PP dicen que no han recibido ni un sólo euro.
El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, afirmó ayer que es "lamentable que la Ley de Dependencia no esté desarrollada y que, desde abril en que se aprobó, "los ciudadanos no sepan cuándo les toca recibir las ayudas". "Nos hubiera gustado que fuera una ley general y no una ley marco descentralizada y meramente coordinadora", añadió. Sólo cuatro comunidades han regulado el copago, es decir, lo que aportará el usuario por el servicio que reciba: Andalucía, Cantabria, Navarra y País Vasco, además de Ceuta y Melilla.
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